Discriminación de las personas con VIH en la Función Pública

30/01/17. Se insta al Gobierno central a revisar la exclusión de las personas con VIH en la función pública.

En concreto, ya es la cuarta ocasión en la que CESIDA, junto a la FELGTB, FSC-CCOO y Trabajando en Positivo, no recibe respuesta de la Secretaría de Estado de Función Pública a lasolicitud de reunión para eliminar las exclusiones médicas no justificadas en el empleo público.

El 35% de las consultas realizadas el año pasado a la Coordinadora Estatal de VIH y Sida, CESIDA, ha estado relacionada con el acceso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad; las personas con VIH no pueden optar a un puesto de trabajo en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Guardia Civil, Cuerpos Militares ni Policía Nacional.

sisisisDesde la Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y desde la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública, se argumenta que “las funciones de las personas que trabajan en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado conllevan la posibilidad de mayor riesgo de contagio del VIH y justifican suficientemente el establecimiento de un criterio de acceso distinto al que pueda utilizarse con relación a otros cuerpos de la Administración“.

Una situación que, como se indica desde las entidades y organizaciones que han solicitado la reunión, “demuestra el desconocimiento, por parte de la Dirección General de la Función Pública, de los avances que ha habido respecto al tratamiento y la transmisión del VIH“.

Las organizaciones recuerdan a esa Dirección General que los estudios científicos e informes de diferentes entidades especializadas en el VIH establecen que en los puestos de trabajo en Cuerpos y Fuerzas de Seguridad “vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de esos trabajos ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH“.

Según los solicitantes de la reunión con el Gobierno, “el estigma y la discriminación se convierten en un importante obstáculo para la respuesta al VIH, más cuando ésta proviene de los propios organismos públicos, que deberían ser los primeros en dar ejemplo y favorecer la normalización del VIH“.