La violencia sexual también es violencia de género

24/11/16. Que la violencia sexual sea reconocida como violencia de género a todos los efectos.

Ésta es la demanda que realizan un total de 13 entidades, entre ellas, Médicos del Mundo y la Federación Estatal LGTB, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La violencia sexual queda excluida de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Así, las supervivientes o potenciales víctimas quedan en una situación de desprotección y de indefensión jurídica.

infoOtro dato preocupante es que sólo 9 de las 17 comunidades autónomas españolas disponen de recursos públicos para víctimas de violencia sexual de género (Valencia, Cataluña, Castilla y León, Andalucía, Madrid, Extremadura, Aragón, Asturias y Cantabria). Y no hay en todo el Estado un solo centro público de emergencias (24h/7días) especializado en situaciones de violencia sexual. Una situación que genera desigualdad territorial, por lo que las 13 entidades solicitantes consideran que hay una escasa respuesta institucional y ausencia de políticas públicas para combatirla.

La violencia sexual es una de las manifestaciones de la violencia de género más extendida e invisible y afecta a las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital, tanto en el espacio público como en sus relaciones íntimas: 1 de cada 3 mujeres han vivido situaciones de violencia física y sexual en todas las regiones del mundo, incluida Europa Occidental.

Las manifestaciones que en la actualidad son reconocidas como violencia sexual son: el acoso sexual, las agresiones sexuales (incluido el abuso sexual), la mutilación genital femenina, la trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, junto con aquellos comportamientos vinculados con la cosificación de los cuerpos de las mujeres.

Los colectivos más expuestos a sufrir violencia sexual son las niñas, las jóvenes, las mujeres transexuales, mujeres mayores, migrantes –en especial aquellas en situación administrativa irregular-, las empleadas de hogar, mujeres con diversidad funcional o aquellas sin hogar o con adicción a drogodependencias.

Ante esta situación, se piden cambios legislativos (penal y ley integral), educativos y en la regulación de la publicidad. Se solicita recopilar y publicar datos específicos de manera sistemática sobre la violencia sexual; impulsar un mecanismo estatal de coordinación que asegure la implementación de la legislación vigente; así como diseñar una planificación normativa que especifique objetivos, actuaciones y presupuestos para implementar una política integral sobre la violencia sexual hacia las mujeres, que incluya protocolos, una red integral de atención a las víctimas y la formación de los agentes sociales implicados.